Las declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella representan un giro discursivo y político en el tratamiento de la migración en Colombia. Su mensaje no se limita a anunciar controles administrativos: vincula migración irregular, delincuencia y defensa de la nación dentro de una misma estructura narrativa. Esta asociación transforma un asunto social, humanitario y administrativo en un problema de seguridad y construye a las personas migrantes como una amenaza frente a la cual el Estado debe proteger prioritariamente a “los colombianos”.
La declaración central fue pronunciada el 23 de agosto de 2026, durante un consejo de seguridad en Barranquilla:
“Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”.
El mandatario ordenó operativos conjuntos de la Policía y Migración Colombia para localizar y deportar, primero, a personas extranjeras relacionadas con delitos y, después, a quienes no tengan regularizada su situación migratoria. La medida fue presentada oficialmente como parte de una política general contra el terrorismo, el narcotráfico, el homicidio, el hurto y la extorsión (Presidencia de Colombia).
El problema no es únicamente la deportación
Todo Estado posee facultades para regular el ingreso y la permanencia de personas extranjeras. También puede iniciar procedimientos de deportación cuando se incumple la normativa migratoria. Sin embargo, esas actuaciones deben ser individuales, motivadas y respetuosas del debido proceso, la unidad familiar, el interés superior de niñas y niños, el derecho a solicitar asilo y el principio de no devolución.
Por eso, el aspecto más preocupante del anuncio no es la existencia de controles migratorios, sino el marco discursivo dentro del cual se presentan.
De la Espriella reúne en una misma intervención dos situaciones jurídicamente diferentes:
- La comisión de un delito.
- La permanencia migratoria irregular.
La primera pertenece al ámbito penal y exige investigación, pruebas y decisión judicial. La segunda es una condición administrativa que puede producirse por múltiples circunstancias: vencimiento de permisos, dificultades documentales, desconocimiento de los trámites, falta de acceso institucional o imposibilidad de regresar al país de origen.
Estar en situación migratoria irregular no convierte a una persona en delincuente. Sin embargo, al mencionar reiteradamente la criminalidad y la irregularidad dentro de una misma cadena discursiva, se genera una asociación implícita entre ambas.
La criminalización mediante las palabras
Desde el análisis crítico del discurso, la expresión “inmigrantes ilegales” no es una denominación neutral. La ilegalidad corresponde a una conducta o situación administrativa, no constituye una cualidad esencial de una persona. Por ello, organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos recomiendan hablar de personas migrantes en situación irregular.
La diferencia resulta fundamental:
| Expresión | Efecto discursivo |
| “Persona migrante en situación irregular” | Nombra una condición administrativa que puede modificarse |
| “Migrante ilegal” | Convierte la ilegalidad en un atributo de la identidad |
| “Migrante delincuente” | Individualiza una conducta que debe demostrarse |
| “Los migrantes y el crimen” | Extiende la sospecha sobre todo un colectivo |
Cuando se habla de “ilegales”, la persona desaparece detrás de una categoría negativa. Ya no se observa su historia, su situación familiar, su necesidad de protección ni su contribución social. Se la reduce a una infracción.
Esta operación facilita lo que puede denominarse una expulsión simbólica anterior a la deportación material: antes de ser retirada del territorio, la persona es desplazada del espacio de legitimidad social.
“Primero los colombianos”: la producción de una frontera moral
La consigna “primero los colombianos” parece expresar una preferencia nacional comprensible, pero contiene una presuposición problemática: que los derechos, la seguridad o el bienestar de la ciudadanía colombiana compiten necesariamente con los de la población migrante.
El discurso construye dos grupos enfrentados:
- Un “nosotros” formado por los colombianos, presentado como legítimo, trabajador, amenazado y merecedor de protección.
- Un “ellos” constituido por los extranjeros, representado como sospechoso, prescindible y potencialmente peligroso.
Esta polarización corresponde a lo que Teun van Dijk denomina el cuadrado ideológico: resaltar nuestras cualidades y sus defectos, mientras se minimizan nuestros problemas y sus contribuciones. La categoría nacional funciona entonces como una frontera moral: determina quién merece protección prioritaria y quién puede ser tratado como amenaza.
La repetición “primero”, “segundo” y “tercero” no aporta información nueva. Su función es enfática y performativa. Busca producir autoridad, cerrar la discusión y comunicar que no habrá lugar para matices. La contundencia del mensaje sustituye la complejidad del fenómeno migratorio.
La securitización de la migración
La inclusión de la “migración ilegal” en una enumeración junto al terrorismo, el narcotráfico, el homicidio, el hurto y la extorsión, constituye una operación de securitización. Un fenómeno humano y social es trasladado al campo semántico del peligro, el control policial y la defensa nacional.
La cadena puede resumirse así:
Esta construcción permite presentar las medidas excepcionales como respuestas necesarias. El miedo facilita el consentimiento social: si la migración es interpretada como amenaza, la persecución deja de percibirse como una afectación de derechos y comienza a verse como protección de la comunidad nacional.
Aquí aparece una diferencia fundamental entre combatir delitos y criminalizar poblaciones. Un Estado democrático debe investigar y sancionar conductas individuales, independientemente de la nacionalidad de quien las cometa. Convertir el origen nacional o la condición migratoria en indicador de peligrosidad instala una presunción colectiva de sospecha.
¿Qué dicen los datos?
Colombia acoge a más de 2,8 millones de personas provenientes de Venezuela que requieren protección internacional, según ACNUR. La mayoría llegó como consecuencia de una prolongada crisis política, económica y humanitaria.
Aunque la movilidad humana plantea desafíos reales para los servicios públicos, el empleo y las instituciones, la evidencia disponible no permite concluir que la migración venezolana sea, en sí misma, responsable del aumento general de la criminalidad.
Una investigación de Ana María Ibáñez, Sandra Rozo y Dany Bahar sobre los programas colombianos de regularización encontró que el acceso a documentación, permisos laborales y servicios sociales redujo los delitos atribuidos a migrantes y fortaleció su cooperación con las autoridades. También permitió que más mujeres venezolanas denunciaran violencia sexual y doméstica al disminuir su miedo a ser deportadas. La conclusión es relevante: documentar e integrar puede mejorar la seguridad tanto de la población migrante como de la sociedad receptora (Banco Mundial).
Esto contradice la idea de que la persecución indiscriminada sea la respuesta más eficaz. Empujar a las personas hacia la clandestinidad dificulta su identificación, amplía la informalidad y reduce su disposición a denunciar delitos o colaborar con el Estado.
Un giro frente a la política migratoria colombiana
El discurso presidencial también rompe con una política de Estado desarrollada por gobiernos de orientaciones diferentes. Colombia creó permisos temporales y posteriormente el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, uno de los procesos de regularización más amplios de América Latina.
Ese enfoque partía de una consideración pragmática: ante una población que ya reside, trabaja, estudia y forma familias en Colombia, la regularización permite al Estado saber quiénes son las personas, dónde viven y cuáles son sus condiciones. También facilita el empleo formal, la tributación, la escolarización y la afiliación al sistema de salud.
Aunque el gobierno anterior no profundizó suficientemente las políticas de integración y regularización de la población migrante, la orientación adoptada por la actual administración representa una ruptura con el consenso humanitario construido en Colombia durante la última década. La consigna nacionalista introduce una retórica excluyente, similar a la utilizada por las nuevas derechas en otros países, que desplaza el enfoque de protección e integración hacia uno centrado en la persecución y la deportación. Frente a este giro, varios expertos sostienen que la respuesta más eficaz, tanto desde la perspectiva humanitaria como desde la seguridad pública, consiste en “regularizar en vez de perseguir.”
El discurso como parte de la “batalla cultural”
Estas declaraciones no aparecen aisladas del proyecto político de De la Espriella. Forman parte de su denominada “batalla cultural”, basada en recuperar la patria, la familia, la disciplina, el mérito y el orden. (artículo https://criticaygenero.com/la-batalla-cultural/)
En esta narrativa, la nación se imagina como una comunidad homogénea amenazada por actores internos y externos. La persona migrante funciona como una figura especialmente eficaz porque concentra diferentes temores: inseguridad, desempleo, presión sobre los servicios públicos, pérdida de identidad y descontrol fronterizo.
El mensaje simplifica problemas estructurales y ofrece un responsable visible. La informalidad laboral, la desigualdad urbana, la debilidad institucional y la delincuencia organizada dejan de analizarse en su complejidad y se proyectan sobre el cuerpo extranjero.
La persona migrante se convierte así en un chivo expiatorio discursivo: se le atribuyen problemas que la preceden y que responden a causas mucho más profundas.
Mujeres migrantes: una vulnerabilidad interseccional
El endurecimiento del discurso tiene efectos particulares sobre las mujeres venezolanas. Su experiencia está atravesada simultáneamente por el género, la nacionalidad, la clase, la racialización y la condición migratoria.
Muchas se encuentran insertas en el trabajo doméstico, los cuidados, el comercio informal, los servicios o actividades altamente precarizadas. La amenaza de deportación puede ser utilizada por empleadores, parejas, redes de explotación y agresores para impedir que denuncien abusos.
Cuando las autoridades son percibidas principalmente como agentes de detención y deportación, las mujeres en situación irregular pueden evitar hospitales, comisarías y centros de asistencia. La política de persecución no solo controla fronteras: también produce silenciamiento.
Esta es una de las conclusiones más importantes del estudio del Banco Mundial: la regularización aumentó la confianza de las mujeres migrantes en las instituciones y favoreció las denuncias de violencia. El temor a la deportación, en cambio, puede fortalecer la impunidad de quienes las explotan o agreden.
La circulación en redes sociales
Las publicaciones de Facebook e Instagram compartidas recontextualizan el discurso presidencial en un espacio de alta intensidad emocional. Los fragmentos breves, las frases contundentes y los videos recortados favorecen una recepción basada en adhesión o rechazo inmediato.
En ese entorno, “primero los colombianos” funciona como un eslogan fácilmente reproducible. Su simplicidad facilita la circulación, pero elimina preguntas indispensables:
- ¿Cuántas personas están realmente en situación irregular?
- ¿Cuántas han cometido delitos?
- ¿Qué proporción necesita protección internacional?
- ¿Qué obstáculos impiden la regularización?
- ¿Qué ocurrirá con familias mixtas y niñas y niños?
- ¿Qué garantías existirán durante los operativos?
El formato digital desplaza la discusión desde la evidencia hacia la emoción. La dureza se convierte en prueba de liderazgo y la deportación, en demostración de autoridad.
¿Es un discurso xenófobo?
No toda regulación migratoria ni toda deportación es, por definición, xenófoba. Un análisis serio debe distinguir entre la aplicación legítima de normas migratorias y la construcción discriminatoria de un colectivo.
No obstante, las declaraciones presentan varios rasgos propios del discurso xenófobo:
- Generalizan la sospecha sobre personas extranjeras.
- Aproximan semánticamente migración irregular y criminalidad.
- Construyen una oposición entre nacionales merecedores y extranjeros prescindibles.
- Utilizan una consigna nacionalista que presenta los derechos como una competencia.
- Omiten las causas humanitarias de la migración y las contribuciones de la población migrante.
- Privilegian la persecución sobre la regularización y la integración.
Por ello, el carácter xenófobo no depende solamente de una expresión insultante. Se encuentra en la estructura del relato: quién aparece como víctima, quién como amenaza, qué información se selecciona y qué respuestas se vuelven aceptables.
Conclusión
El discurso de Abelardo de la Espriella transforma la migración en una frontera política entre quienes pertenecen y quienes pueden ser expulsados. Bajo la promesa de proteger primero a los colombianos, produce una falsa oposición entre seguridad y derechos humanos, como si reconocer la dignidad de las personas migrantes debilitara la protección de la ciudadanía.
La seguridad no se fortalece mediante la producción de poblaciones clandestinas y temerosas del Estado. Se fortalece con documentación, investigación individual de los delitos, acceso a la justicia e integración social.
Colombia puede controlar sus fronteras y exigir el cumplimiento de sus normas sin criminalizar a millones de personas. Puede deportar en los casos previstos por la ley sin convertir la deportación en espectáculo político. Y puede priorizar las necesidades de su población sin negar que los derechos fundamentales corresponden a todas las personas.
La cuestión central no es si el Estado debe gestionar la migración. La cuestión es si lo hará desde el derecho o desde el miedo; mediante procedimientos individuales o sospechas colectivas; reconociendo personas o fabricando enemigos.