Hay leyes que regulan la economía. Otras organizan el funcionamiento del Estado. Y hay leyes que, sencillamente, dicen algo esencial sobre quiénes somos como sociedad. La aprobación de la ley que prohíbe la mutilación genital femenina en Colombia pertenece a esta última categoría.
No es solo una reforma jurídica. Es un acto de reconocimiento. Es la decisión de un país de afirmar que ninguna tradición, ninguna costumbre y ninguna interpretación cultural puede justificar la violencia sobre el cuerpo de una niña.
Durante años, Colombia cargó con una realidad incómoda: era el único país de América Latina donde se seguían documentando casos de mutilación genital femenina, una práctica concentrada principalmente en algunos territorios del pueblo emberá. Ese dato siempre produjo una mezcla de dolor y vergüenza. No porque la existencia de la práctica definiera a los pueblos indígenas sería un error profundamente racista reducir culturas enteras a una sola práctica, sino porque el Estado había tardado demasiado en construir una respuesta integral que protegiera a las niñas sin reproducir nuevas formas de violencia contra las comunidades.
La ley aprobada por el Congreso parece haber aprendido esa lección. Su mayor fortaleza es que no se limita a prohibir. Construye un enfoque basado en derechos humanos, salud pública e interculturalidad. Reconoce que la erradicación de la mutilación genital femenina no puede hacerse únicamente desde el castigo, sino mediante el diálogo con las comunidades, la educación, la prevención, el fortalecimiento institucional y el acompañamiento a las lideresas indígenas que durante años han denunciado esta práctica desde dentro de sus propios territorios.
Ese aspecto resulta especialmente importante para los feminismos latinoamericanos. Durante décadas, el movimiento feminista ha insistido en que los derechos de las mujeres no pueden quedar subordinados al relativismo cultural cuando lo que está en juego es la integridad física, la salud, la autonomía y la vida de niñas y adolescentes. Defender la diversidad cultural nunca puede significar aceptar prácticas que producen dolor, lesiones permanentes o limitan la libertad sexual y reproductiva.
Al mismo tiempo, los feminismos decoloniales también han enseñado que las transformaciones duraderas no nacen de imponer soluciones desde afuera. Nacen cuando las propias comunidades participan en los cambios, cuando las mujeres indígenas son reconocidas como sujetas políticas y cuando el Estado deja de intervenir únicamente desde la sanción para hacerlo también desde el cuidado, la salud y el reconocimiento.
La mutilación genital femenina constituye una de las formas más extremas de violencia basada en género porque busca controlar el cuerpo y la sexualidad de las mujeres desde la infancia. Su finalidad histórica ha sido limitar el placer, regular la sexualidad y garantizar determinadas formas de control social sobre las niñas. Por eso su erradicación no es únicamente una cuestión sanitaria; es una cuestión de libertad.
Esta ley también envía un mensaje poderoso al resto de América Latina. Durante mucho tiempo la región observó esta problemática como si perteneciera únicamente a otros continentes. Sin embargo, Colombia demuestra que las violencias de género adquieren expresiones propias en cada contexto y que ninguna sociedad está exenta de revisar críticamente aquellas prácticas que vulneran los derechos humanos.
Naturalmente, aprobar una ley no significa transformar automáticamente la realidad. La experiencia latinoamericana demuestra que muchas normas avanzadas fracasan cuando no cuentan con presupuesto, presencia estatal o voluntad política. El verdadero desafío comienza ahora: formar personal de salud, fortalecer los sistemas de información, acompañar a las comunidades, proteger a las niñas y garantizar que la ley llegue a los territorios donde más se necesita.
Como feminista, quiero pensar esta ley desde la esperanza. Porque representa mucho más que la prohibición de una práctica. Representa el reconocimiento de que el placer, la autonomía y la integridad corporal también son derechos humanos. Representa decir, de manera colectiva, que el cuerpo de las niñas no es un territorio sobre el cual la tradición pueda ejercer violencia.
Quizá ese sea el verdadero significado de esta conquista: que Colombia ha decidido escribir, por fin, una ley que afirma algo tan simple como revolucionario. Que el clítoris también tiene derechos. Y que ninguna niña debería crecer creyendo que el dolor es el precio de haber nacido mujer.